Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del año 2025 reflejan un fuerte aumento de 6.600 parados respecto al cierre del año 2024 por lo que León cuenta así con un total de 21.500 parados en la actualidad frente a los 14.900 del trimestre anterior. Por otro lado, disminuyen en 2.400 las personas ocupadas en la provincia, hasta las 173.700. Estos datos dejan a la provincia leonesa con una tasa de actividad del 49.33%, aumentando en un 1.13% respecto al trimestre anterior, y una tasa de paro que asciende hasta el 11.01%.
Respecto a los datos interanuales, la EPA refleja que aumentan los ocupados en 4.200 personas y también el número de parados en 4.800. La tasa de actividad pasa del 47.44% al 49.33% actual y la tasa de paro aumenta del 8.96% de hace un año al 11.01%.
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) valora de forma negativa la evolución del mercado laboral en la provincia durante el primer trimestre por lo que considera imprescindible que se refuercen políticas que estimulen el crecimiento económico y el empleo, especialmente mediante medidas de flexibilidad interna en las empresas, reducción de cargas fiscales y administrativas, y la mejora del entorno normativo. La constante incertidumbre legislativa, unida al incremento de costes laborales y financieros, sigue siendo un freno importante para muchas pymes y autónomos.
La federación resalta la importancia del Diálogo Social como herramienta esencial para alcanzar acuerdos que generen un impacto real y duradero en el desarrollo económico y el empleo. En este sentido, valora positivamente la firma de los últimos acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León, que recuperan medidas en materia de empleo, formación, prevención e igualdad.
Sin embargo, lamenta que decisiones relevantes, como la reducción de la jornada laboral, se estén adoptando al margen de este Diálogo Social y de la negociación colectiva, que deberían ser el cauce natural para tratar cuestiones tan estructurales. Imponer una reducción de jornada sin atender a las particularidades de cada sector y empresa, y sin respetar los consensos alcanzados en los convenios colectivos, no solo dificulta la estabilidad económica y la paz social, sino que además introduce una rigidez que afectará negativamente a la actividad empresarial, en especial a las pequeñas y medianas empresas.
