El mes de diciembre ha registrado 683 parados menos inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo respecto al mes anterior, llegando a un total de 28.583 personas en las listas de desempleo en León. En lo que respecta al mismo periodo del año anterior, el 2019 cerró con 1.835 desempleados menos.
Desde FELE se valora positivamente estos datos del mes de diciembre, si bien están fuertemente contextualizados en el desarrollo de la campaña navideña, siendo el sector servicios el que presenta el mayor descenso de número de parados.
En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social la provincia de León, el mes de Diciembre cierra con 159.167 afiliados al sistema, suponiendo un incremento en términos anules de 1.345 personas. Respecto el mes anterior, se ha producido un descenso de afiliados, pues la provincia contabilizaba 458 personas más adscritas al sistema de Seguridad Social
Analizada la evolución de los datos del paro en el año 2019, se observa una desaceleración en el ritmo de creación de empleo, por lo que desde FELE se insiste en el Diálogo Social y la estabilidad política, como medidas imprescindibles para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
Todo ello abunda en la necesidad de intensificar los esfuerzos para generar un clima de confianza que permita mejorar los niveles de empleo, haciendo posible la cohesión social y la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar.
En este contexto, FELE quiere mostrar su preocupación ante el adelanto del programa de gobierno presentado por la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos. El acuerdo esboza una serie de medidas de carácter económico y laboral que, pueden impactar de forma negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y desincentivar la inversión, si no se desarrollan en el marco del Diálogo Social.
En la práctica, algunas de las vías de acción que se adelantan en el citado documento podrían hacer peligrar la viabilidad de pymes y autónomos, si no son sometidas al marco de la concertación social entre empresarios y trabajadores, en sus distintos niveles territoriales. En definitiva, la creación de empleo de forma sostenible y la mejora de la competitividad de las empresas deben ser un objetivo prioritario del futuro gobierno que debe impulsar el papel desempeñado por los agentes sociales en nuestro sistema constitucional.
