Los empresarios rechazan las últimas medidas del Gobierno porque no suponen una solución a la inflación

En relación con las medidas anunciadas por parte del Gobierno este martes, durante el debate sobre el estado de la nación, CEOE y CEPYME quieren señalar que se han adoptado sin consulta previa en el marco del diálogo social, no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española y perjudican claramente la confianza en España.

La inversión, tan importante tanto para nuestro país como para nuestras empresas, requieren seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.

Las empresas españolas queremos recalcar que alcanzar acuerdos significa antes de todo escuchar y considerar la situación de todas las partes. En este caso, el Gobierno ha preferido adoptar medidas de manera unilateral y después buscar un pacto, en el que, por otra parte, deberían participar también los grupos políticos.

CEOE y CEPYME quieren dejar claro que el incremento desbocado de la inflación supone un grave perjuicio y un empobrecimiento para todos, tanto para las familias como para las empresas y sus trabajadores.

Las empresas han visto recortados sus beneficios en 100.000 millones de euros entre los años 2020 y 2021, y en casi 7.000 en lo que va de año, según datos de Contabilidad Nacional.

Además, como ha señalado el Banco de España, mientras que cerca del 77% de las empresas ha experimentado un aumento adicional en sus costes de producción como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, sólo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales.

Con todo, CEOE y CEPYME quieren dejar claro que están dispuestas a buscar soluciones a esta situación, si entre todos asumimos los costes de la crisis, no haciéndolos recaer sólo sobre las empresas en forma de medidas parciales o subidas de impuestos. Queremos ser parte de la solución y no que se nos considere como un problema.

Además, en un escenario de subida de tipos de interés, la creación de nuevos tributos a la carta supone una barrera añadida para las empresas españolas, especialmente pymes y autónomos, en el ansiado camino hacia la recuperación.

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