La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) en línea con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) expresan su profundo pesar ante el escaso esfuerzo del Gobierno para lograr un acuerdo en la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024.
Las empresas españolas fueron pioneras al presentar una propuesta de aumento del SMI, situada entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Desde el principio, subrayaron la necesidad de conciliar esta subida con la supervivencia del tejido empresarial, el empleo y los salarios, especialmente en la contratación con las administraciones públicas y el sector agrario.
En primer lugar, señalan que la subida del SMI puede acarrear pérdidas o incluso la quiebra a muchas empresas en determinados sectores y territorios, afectando principalmente a pymes y autónomos que no pueden planificar a largo plazo los aumentos de costos asociados al salario mínimo. Además, destacan que la Administración ha incrementado el costo del SMI para las empresas contratistas con el sector público en un 50% desde 2018 sin revisar los precios de los contratos plurianuales, lo que ha llevado a muchas de ellas a trabajar con márgenes de beneficio escasos o incluso a pérdidas.
Desde el inicio, CEOE y CEPYME han solicitado la indexación de los precios de los contratos públicos para evitar situaciones como esta, pero esta petición no ha sido atendida, lo que ha generado incertidumbre y ha llevado a que muchos contratos públicos queden desiertos.
En segundo lugar, lamentan la falta de atención a la petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, especialmente en el contexto de la España vaciada y el espacio rural. También señalan las dificultades que enfrentan los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería y emprendedores que dan empleo.
A pesar de la conformidad de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo con la indexación de los contratos públicos, esta medida no ha sido adoptada, supuestamente debido a su coste para la ciudadanía, mientras se observan incrementos del gasto público derivados de acuerdos políticos.
Durante la negociación, se ha planteado la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, en lugar de basarse en criterios técnicos como indica la ley. Este enfoque ha generado arbitrariedad, incrementando la incertidumbre y la falta de confianza en la economía, los mercados y los inversores.
CEOE y CEPYME confían en que la subida acordada del SMI no genere efectos de segunda ronda y no se traduzca en inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya evidente desaceleración de la economía y el empleo.
