La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y el Círculo Empresarial Leonés (CEL), quieren manifestar su más firme rechazo al pacto suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts Per Catalunya para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como próximo Presidente del Gobierno de España.
Las tres instituciones consideran que la amnistía pactada pone en peligro la continuidad del Estado de Derecho, vulnera el orden constitucional y consagra la ruptura de la separación de poderes, algo que, sin lugar a dudas, afectará a la convivencia entre los ciudadanos del país, divididos en diferentes categorías en función del territorio en el que habiten, gracias al acuerdo firmado entre los socios de gobierno.
Es indudable que nos encontramos ante un momento extremadamente grave, con un poder ejecutivo invadiendo el poder judicial y con una creciente desigualdad entre españoles, derivada de condonaciones de deuda, autonomía fiscal o traspaso de competencias a determinadas Comunidades Autónomas.
Este acuerdo va a provocar, en el caso de las empresas leonesas, un aumento de la presión fiscal, lo que lastrará la competitividad de todo el tejido empresarial, provocará pérdidas de empleo y perjudicará el desarrollo económico de León. Los empresarios sólo pueden trabajar y crear riqueza si existe un marco jurídico estable y seguro, algo que, evidentemente, no se produce en la España actual.
Por todo ello, la Cámara, FELE y CEL hacemos un llamamiento a la responsabilidad para conseguir que todos los partidos políticos constitucionalistas consigan un modelo de convivencia que proteja y defienda la igualdad entre españoles, y que garantice el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Del mismo modo y, como no podía ser de otra forma, FELE suscribe el comunicado de su patronal CEOE tras la reunión de urgencia de su Comité Ejecutivo. En el mismo, se demanda una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución. Las empresas españolas, desde su papel constitucional y su responsabilidad como interlocutor social, seguirán trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.
