Hoy la Junta de Castilla y León ha consumado mediante la publicación de las convocatorias de ayudas a trabajadores en ERTE y de ayudas a autónomos que reinician actividad el atropello a lo acordado el 25 de marzo en el marco del Diálogo Social, en el acuerdo de Medidas extraordinarias en torno al Covid-19, en favor de trabajadores, autónomos, empresas, familias y las personas vulnerables, incumpliendo el Gobierno de la Junta de forma muy grave con los compromisos adquiridos en los procesos de Diálogo Social Tripartito en la Comunidad, que las tres organizaciones firmantes entienden ha sido y debe seguir siendo un elemento vertebrador de la sociedad castellana y leonesa que ha propiciado una estabilidad social, económica y laboral de carácter estratégico.
Las tres organizaciones, CECALE, CCOOCyL y UGTCyL, manifestan su más profundo rechazo ante la absoluta falta de lealtad en las formas y en los contenidos de la que están haciendo gala los representantes del Gobierno de la Junta de Castilla y León hacia el Acuerdo del 25 de marzo, entre otros incumplimientos, del Diálogo Social y ante las organizaciones sindicales y empresariales que lo conformamos.
Esta forma de actuar tiene su última expresión cuando el pasado 17 de julio teniendo lugar una reunión del Diálogo Social para abordar estas materias, no se les informa de que el día anterior ya habían enviado a Madrid, al organismo competente, las convocatorias de las ayudas para recabar su autorización.
Las principales características de esta convocatoria, y a las que lso agentes sociales se han opuesto frontalmente al no respetar los criterios firmados en los acuerdos del 25 de marzo, es que dejan fuera a los Expedientes de Regulación de Empleo relacionados con causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, lo que afecta a más de 2.700 expedientes acordados en las empresas y a más 30.000 trabajadores (de ellos los que cumplan los requisitos) en los que las organizaciones sindicales más representativas y las patronales respectivas han llevado a cabo un esfuerzo de negociación y acuerdo para que los resultados fueran lo menos traumáticos posibles, teniendo en cuenta la existencia de estas ayudas públicas que ahora ya no las hay.
Además, el Gobierno autonómico ha convocado con nocturnidad y alevosía, ya que el periodo de solicitud se fija en pleno mes de agosto y durante sólo 14 días, lo que conlleva la reducción inmediata de solicitantes. Esta actuación solo tiene como objetivo evitar que se presenten todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos, ya de por sí cercenados con lo pactado el 25 de marzo.
Otro de los aspectos negativos de esta convocatoria es que los trabajadores que hayan estado menos de 45 días en ERTE no tendrán derecho a estas ayudas. Además, las empresas con más de 250 trabajadores pero que tengan varios centros repartidos por Castilla y León, limpieza y construcción, solo por citar alguno de los sectores que se verán afectados, en los que no hay más de 8 o 10 trabajadores, en cada uno de ellos no van a tener derecho a esta prestación. También quieron reseñar que la prestación se limita hasta el 30 de junio cuando aún existen ERTEs hasta el mes de septiembre, y el pacto determinaba como fecha límite de la ayuda el 30 de septiembre. Todo ello con un presupuesto limitado e insuficiente.
No podemos obviar que también se ha publicado la convocatoria que afecta a los autónomos, contemplándose una cuantía económica máxima cerrada del conjunto de la subvención y con unos plazos exactamente iguales a los de los trabajadores afectados por ERTE, es decir, durante el mes de agosto. Esto conlleva a que sólo un mínimo porcentaje de los posibles beneficiarios verán concedidas su subvención, siendo el único criterio para ser beneficiario la rapidez en la presentación de la solicitud.
Ante estos incumplimientos manifiestos a los acuerdos firmados, los agentes económicos y sociales han vuelto a solicitar al presidente de la Junta de Castilla y León, señor Fernández Mañueco, y presidente del Consejo del Diálogo Social, una reunión para que de forma definitiva, desbloquee una situación que en nada beneficia al conjunto de la sociedad castellana y leonesa, en general, y a las 70.000 personas afectadas por esta tropelía, en particular.
El modelo de Diálogo Social Tripartito de Castilla y León, se está tomando como un modelo a seguir en el resto de las CCAA de España, y del propio Gobierno del Estado; la propia OIT lo ha calificado como el mejor ejemplo de Diálogo Social a nivel internacional, ha servido durante prácticamente tres décadas, las dos últimas de forma muy especial, para dotar a nuestra Comunidad Autónoma de una forma de encauzar los problemas laborales y sociales que facilitan enormemente la denominada paz social y la estabilidad que ha redundado en beneficio de todos los castellanos y leoneses, propiciando al mismo tiempo una estabilidad social, económica y laboral que permite el desarrollo de proyectos industriales de primer nivel.
Ahora le toca al Presidente de la Junta de Castilla y León encontrar el camino para hacer cumplir dichos acuerdos y de esa manera poder seguir negociando y tratando de acordar materias en políticas económicas, laborales y sociales que permitan seguir avanzando a nuestra Comunidad Autónoma por el camino del diálogo, del consenso y del progreso económico y social de todos y todas.
