Los propietarios de los vehículos que circulan con diésel, el campo, los transportistas y el sector de las estaciones de servicio se muestran preocupados por la reciente propuesta del Gobierno en la que se plantea un cambio de fiscalidad del combustible y un aumento de su precio que afectará, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), a los 204.079 vehículos que usan este carburante y están en circulación actualmente en León, 40.000 más que los de gasolina.
Los conductores verán incrementado en siete millones y medio de euros sus repostajes. La provincia se sitúa como una de las que más notará la subida en la comunidad, sólo por detrás de Valladolid, donde el gasto se incrementará entorno a ocho millones de euros.
«Es una medida nefasta, que tiene un claro afán recaudatorio», opina el presidente de la asociación de Estaciones de Servicios de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Alfredo Soto. En su opinión, lo más adecuado es ofrecer ayudas a los conductores para cambiar su vehículo, antes que penalizar al que los usa.
Soto cree que “la gente consumirá menos, se cerrarán estaciones de servicio y se destruirán puestos de trabajo. Todo ello cuando no está muy claro que el CO2 que emite un vehículo diésel sea mucho más contaminante que uno de gasolina”, asegura. Insiste en que esta medida es “una aberración”.
