CEOE cuestiona la decisión del Gobierno al aprobar el Impuesto sobre Transacciones Financieras y la Tasa Digital

CEOE cuestiona la decisión unilateral del Gobierno al aprobar el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) ya que, en ambos casos, sería deseable que existiera un consenso internacional al respecto

CEOE

Según CEOE, la introducción del Impuesto sobre Transacciones Financieras ITF de manera unilateral en España se opone a todos los principios enunciados por la Comisión Europea en cuanto a la necesidad de armonización de cualquier imposición de las transacciones financieras.

La introducción del ITF español no solamente es contraria a la construcción de un mercado financiero único dentro de la UE, conforme a los principios marcados por la Comisión Europea, sino que supone también el abandono de la posición cooperativa que España había venido manteniendo al respecto.

Según los empresarios, la creación de un impuesto nacional sobre transacciones financieras encarecerá el coste de acceso a los mercados de capitales de las empresas españolas y dificultará la gestión de los riesgos financieros. Por tanto, tendrá un impacto negativo sobre la economía, el crecimiento y el empleo.

CEOE estima que, en un contexto como el actual, en el que se están adoptando todas las medidas necesarias para crear un Mercado de Capitales Único en la Unión Europea, el establecimiento de este gravamen a nivel nacional supondrá una barrera de entrada que reducirá de forma significativa la capacidad para atraer inversión extranjera. Este impuesto afectará negativamente al ahorro, perjudicando no sólo al pequeño inversor sino también a todos los que suscriban fondos de inversión colectiva y/o fondos de pensiones para su jubilación.

Tasa digital

Con respecto a la tasa digital, para CEOE, en una economía globalizada, cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel internacional a través de la OCDE, con el fin de alcanzar un consenso y una solución globalmente aplicable, no una específica para España.

Según el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, este tipo de medidas conlleva no solo el peligro de deslocalización, sino de falta de atractivo para que las inversiones de fuera vengan a España. Deberíamos crear “una pista de aterrizaje” para conseguir que vengan las empresas, ser un país atractivo en materia de digitalización y no quedarnos fuera del  mercado.

La Confederación explica que la posibilidad de adoptar un impuesto sobre determinados servicios digitales se está debatiendo ampliamente tanto a nivel de la UE y de la OCDE como a nivel nacional en distintos países, lo que ha contribuido a la producción de numerosos artículos y estudios sobre el tema.

Además, pide a las autoridades que se alcance un acuerdo internacional, al menos a nivel de la Unión Europea. En este sentido, recuerda que las diferentes propuestas unilaterales para un impuesto sobre determinados servicios digitales (Italia, Francia o España) han contribuido a acelerar el debate tanto en la UE como en la OCDE.

La Confederación considera que, si se introduce un nuevo impuesto, debe estar respaldado por el necesario análisis de impacto exhaustivo antes de su aplicación. Este debería incluir también la correspondiente evaluación del impacto en el mercado interior de la UE, tanto a nivel europeo como nacional, así como para el comercio, las PYME y empresas emergentes, los precios al consumidor, el empleo, la inversión (especialmente en innovación e I+D), entre otros. No debe olvidarse tampoco un adecuado análisis del coste de implementación, tanto para la Administración como para las empresas.